Hace tres meses, madres de adictos habían denunciado situaciones alarmantes: camionetas de comisarías estacionadas frente a casas de dealers; "transas" que, con el visto bueno de agentes, obligan a chicos a robar a cambio de "paco"; oficiales que recaudan dinero de drogas. La fiscala María de las Mercedes Carrizo no pudo determinar si las versiones eran ciertas. Pero como las testigos coincidían, decidió cortar por lo sano y enviarles al Ministerio de Seguridad y a la Jefatura de Policía copias del expediente. De esta forma, según fuentes judiciales, desde el PE se podría iniciar un sumario administrativo que derive en el apartamiento de los agentes mencionados en la causa. El oficio fue firmado hace 11 días, pero el jefe de Regional Capital, comisario general Heberto Cortez, avisó que no lo recibió. "A estas oficinas no ha llegado nada de eso", dijo.